Padres de discapacitados piden que se respeten los cupos en las oposiciones

Un grupo de unas 45 familias de Sevilla y otras provincias andaluzas reclaman que se aplique la ley en cuanto a los cupos para discapacitados en las oposiciones. Por ley, todas las pruebas de acceso público tienen que tener un porcentaje de plazas para personas con discapacidad, que es del 7% (un 2% para discapacitados intelectuales y un 5% para físicos). Sin embargo, la realidad es que esos cupos no se aplican en la mayoría de las pruebas, según denuncian estas familias.

Una representante de este grupo, que está trabajando para constituirse en asociación, explicó a este periódico que es un problema generalizado y que los cupos no se aplican en ninguna de las oposiciones convocadas, ni en las de la administración general del Estado, ni en las de la Junta ni en las de los ayuntamientos. En el caso del Estado, en una prueba que se convocó en 2020 están a punto de perderse 199 plazas para discapacitados al expirar el tiempo máximo permitido sin que éstas se cubran.

Las familias lamentaron la dificultad para la inserción laboral que tienen sus hijos, que se pasan años preparándose las oposiciones pero que luego se ven sin posibilidad de entrar en estos puestos de trabajo públicos a los que optan. Hace unos meses, las personas afectadas por esta discriminación celebraron una protesta en las calles de Málaga.

El pasado mes de junio, un grupo de padres de jóvenes con discapacidad intelectual ganó un recurso presentado ante el Ayuntamiento de Sevilla, en el que se denunciaba la ausencia de plazas para este colectivo en ofertas de empleo público, tal como exige la legislación vigente.

Una de las normativas en cuestión es la Ley 4/2017 de los derechos y la atención para las personas con discapacidad en Andalucía. Esta ley, en su artículo 28, dice que se debe reservar, como mínimo, el 10% de la oferta de empleo público para trabajadores con discapacidad. Es decir, al menos 10 puestos de cada 100 son para las personas con discapacidad. De esos puestos reservados, el 2%, es decir son para personas con discapacidad intelectual, y el 1% son para personas con enfermedad mental.

Nada de eso se cumple en el Ayuntamiento de Sevilla, de ahí que este grupo de padres presentara un recurso de reposición que ganaron, obligando al Consistorio a rectificar y modificar la oferta. El caso del Ayuntamiento hispalense, como sostienen los padres, no es aislado.